A lo largo de 27 años, la organización criminal fundada por el traidor mayor, hoy felizmente difunto, disfrazada de gobierno se creyó intocable, sus jerarcas estaban convencidos de que el poder y sus abusos funcionaban para siempre y la impunidad, un derecho atrevido que nadie les iba a quitar. Se equivocaron, las deudas con los pueblos no se borran, quedan marcadas en el malvivir y la ignominia de centenas de miles de familias, se cobran tarde o temprano, aunque sea lejos de casa y en otro idioma. Por ahora algunos están en donde deben estar, donde no se negocia y donde no se acepta que les marquen el ritmo para sus bailes burlones. Que sanador ante tanta podredumbre saber, que hay instancias legales en este mundo donde el dinero sucio no sirve para pagar la defensa y donde los títulos y el poder no impresionan a nadie. Según lo visto hasta hoy, el camino hacia la justicia por Venezuela continúa.
Un contundente golpe judicial sacudió esta semana a la cúpula del narcorégimen. El juez federal de distrito Alvin Hellerstein desestimó la solicitud de anulación de los cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores durante una trascendental audiencia celebrada el jueves 27 de marzo en una corte federal de Manhattan. El fallo no dejó margen a la duda: la justicia estadounidense no está dispuesta a ser un instrumento de escapes jurídicos para quienes han sumido a Venezuela en el caos y el crimen. Los abogados de la cúpula criminal solicitaron el archivo del proceso penal alegando que la administración de Donald Trump habría bloqueado al régimen el pago de honorarios legales con fondos del Estado venezolano. Una excusa que mezcla la desvergüenza con la ironía: el mismo régimen que durante años saqueó las arcas públicas venezolanas ahora se declara sin fondos propios para financiar su defensa. Ante ese argumento, el magistrado fue categórico. "No voy a desestimar el caso" declaró Hellerstein en la sala, con la firmeza de quien no admite maniobras dilatorias disfrazadas de garantías procesales.
La autoridad judicial dejó abierta, sin embargo, la posibilidad de reconsiderar la medida si se probara que Estados Unidos actuó deliberadamente para bloquear los recursos del régimen. Pero la carga de la prueba es alta y el argumento de la defensa, por ahora, no alcanza ese umbral. El juez fue preciso al razonar que, si tales fondos existieran, lo más probable es que serían susceptibles de decomiso o estarían sujetos a sanciones. Tal y como lo anticipamos al inicio de este escrito: el dinero sucio no puede limpiar la acusación. Durante el debate, Hellerstein interrogó en repetidas ocasiones a la fiscalía sobre la disponibilidad de otros activos para cubrir los gastos de defensa del acusado. El fiscal federal adjunto Kyle Wirshba respondió con cautela, señalando que el gobierno mantiene sus averiguaciones y que no tenemos nada que agregar en este momento. Una respuesta que revela que las investigaciones están vivas y en curso y que el expediente contra el régimen podría seguir engrosándose con nuevas evidencias. Lo que está en juego en esta sala neoyorquina es mucho más que un proceso judicial ordinario. Es el primer momento en décadas en que el aparato del chavismo, blindado durante años por el petróleo, la complicidad internacional y la brutalidad interna, se enfrenta a una justicia que no acepta sobornos ni intimidaciones. Millones de venezolanos que salimos por la persecución, miseria, la represión y el narcotráfico institucionalizado, observamos este juicio como una señal: la impunidad no es eterna. Maduro fue no solo un narcodictador. Los cargos que pesan sobre él lo señalan como narcotraficante, como cómplice del crimen organizado, como artífice de una narcodictadura que utilizó al Estado venezolano como plataforma para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Los cargos incluyen conspiration para importar narcóticos y el uso de armas de fuego en el marco del crimen organizado. No son acusaciones menores ni artificios geopolíticos: son el resultado de años de investigación por parte del Departamento de Justicia estadounidense.
La impunidad no es eterna. La historia tiene una deuda con Venezuela y las cortes de Manhattan están comenzando a saldarla. Cilia Flores, la llamada primera combatiente, tampoco escapa al escrutinio. Figura clave en el andamiaje del poder corrupto, enfrenta los mismos cargos que su esposo. Su presencia en el expediente judicial demuestra que la justicia no distingue entre el narcodictador y quien comparte su proyecto criminal. Ambos son parte del mismo sistema de poder que durante años aplastó a la disidencia, llenó las cárceles de presos políticos y convirtió a Venezuela en un Estado fallido al servicio del narcotráfico.
Desde la perspectiva de quienes hemos visto de cerca el sufrimiento de nuestros hermanos, este juicio no es solo un evento legal: es un acto de justicia histórica. Son ya más de 83 días en que Maduro y Cilia enfrentan en los estrados lo que durante años eludieron a través del miedo, la corrupción y la violencia. Y aún quedan meses, quizás años, de proceso por delante. Cada audiencia, cada decisión del juez Hellerstein, es un recordatorio de que los crímenes contra un pueblo no prescriben por decreto, ni se borran con propaganda bolivariana. La corte de Manhattan se ha convertido, sin proponérselo, en el tribunal que Venezuela nunca pudo tener. Y el juez Hellerstein, al negarse a cerrar el caso, ha enviado un mensaje que resuena mucho más allá de las paredes de esa sala: nadie que haya destruido una nación entera puede reclamar impunidad como si fuera un derecho adquirido. Viva Venezuela libre.
Desde la cárcel del exilio nos entra un fresquito con lo ocurrido, a pesar del temor de que se tambalee el proceso por lo complejo y lleno de millonarios intereses del caso.
Este momento nos recuerda que resistir tiene sentido, la justicia avanza despacio, pero avanza. Y mientras avance, hay razón para seguir de pie.
¡Acción y progreso por Venezuela !
José Gregorio Briceño Torrealba
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