Sabemos que quienes quedaron de suplentes en la tiranía aberrante que somete a Venezuela, son en su mayoría los especialistas en manipulación de masas.
Dicen que el mejor truco del mago es hacer que el público mire la mano equivocada y es una estrategia conocida esa habilidad para darle vuelta a la narrativa y esta despreciable gentuza, herederos del traidor mayor a la patria, hoy felizmente difunto, lo han convertido en su principal herramienta de gobierno. Iniciar algo con estruendo, una bulla, bombos y platillos para que el mundo aplauda, y lo cierran en silencio, calladitos para que nadie proteste, como si fueramos pendejos. Lo llaman diplomacia, le llaman apertura, le llaman gesto humanitario, pero debajo de todo eso hay una lógica fría y calculada: la libertad de las personas como moneda de negociación y la ley como disfraz del gesto "benevolente" de la dictadura. Manejan muy bien los hilos del miedo y la esperanza, algunos aún les creen, eso sí, cada vez menos.
Como venezolano sostengo que quienes usurpan el poder han vuelto al confort, al cauce de antes del 3 de enero 2026, del que nunca realmente salieron: el del abuso, el atropello y el constante pisoteo a la Constitución y al Estado de Derecho. El anuncio realizado por Delcy Rodríguez el pasado jueves sobre la "finalización" de la Ley de Amnistía no es más que una confesión de autoritarismo y un grave atentado contra la seguridad jurídica del país. Una ley de amnistía por su propia naturaleza jurídica, no posee límites temporales arbitrarios ni puede ser clausurada por una simple declaración administrativa del Ejecutivo. Su vigencia es inherente e inseparable de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar. Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas. Es, en esencia, una instrucción de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en nuestro ordenamiento. Esta medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad. Al intentar "derogar" los efectos de la amnistía por la vía de los hechos, el poder central transforma la ley en un ejercicio de retórica cínica: una puerta que se abrió brevemente para simular voluntad democrática y que ahora se cierra de un portazo para consolidar el control social a través del miedo. Resulta obsceno que se pretenda tratar la libertad de los ciudadanos como una mercancía con fecha de vencimiento. Al declarar el fin de la amnistía, el régimen admite que no busca la paz ni la reconciliación, sino que utiliza la justicia como un interruptor que enciende o apaga según su necesidad de validación internacional o su urgencia de represión interna. Este zarpazo jurídico confirma que en Venezuela no existe separación de poderes, sino una estructura jerárquica donde la palabra del Ejecutivo anula la voluntad del legislador y la autonomía del juez. Convertir un beneficio de ley en una concesión revocable es la prueba definitiva de que nos enfrentamos a un sistema que ha sustituido el derecho por el capricho y la justicia por la extorsión política. Desde la cárcel del exilio considero que una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes, se requiere el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real. No aceptamos que se decrete el fin de la mal llamada clemencia cuando lo que el país exige es el inicio de la justicia pública, plena y sin condiciones.
Al conocer esa ley de amnistía vimos venir toda esta patraña que como dijimos antes no es más que un disfraz de misericordia de esa mafia inmunda.
Sigamos luchando por nuestros derechos, lo real es que están debilitados desde la médula pero siguen gobernando así lleven la herida sangrando. Pronto ya no les quedarán fuerzas y triunfará la justicia para nuestra patria.
Acción y progreso por Venezuela!
José Gregorio Briceño Torrealba
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