El Consejo Supremo Electoral (CNE) es el órgano que rige el Poder Electoral, el cual es uno de los 5 poderes que conforman el poder público en Venezuela. El C.N.E es responsable de la realización de los procesos electorales y más allá de eso, de garantizar la transparencia de la democracia ejercida a través del voto libre, universal, directo y secreto.
La mayoritaria fracción parlamentaria de la oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática adelantó en su agenda el impulso urgente de la Ley Orgánica sobre Referendos, en vista que dicha ley tiene casi 17 años de mora, sin que la directiva del C.N.E ni los parlamentos anteriores hubieran hecho algo al respecto. Ante el vacío legal y el incumplimiento parlamentario de sus deberes constitucionales, los referendos en Venezuela se rigen por unas resoluciones y reglamentos aprobados por el C.N.E en el 2007, a la medida de las circunstancias y necesidades del chavismo, por 5 ciudadanos elegidos por una parcialidad política a cuyo servicio se pliegan violentando la Constitución y las leyes.
Ante la propuesta legislativa nacional, la presidenta del C.N.E cometió la insolencia de dirigir una comunicación a la directiva de la Asamblea Nacional indicando que en materia electoral, es el Consejo Nacional Electoral el titular de la iniciativa legislativa pretendiendo subordinar el Poder Legislativo al Poder Electoral en lo que a presentar leyes electorales se refiere. Parece que con los años la Sra. Lucena, ha creído que los derechos políticos de los venezolanos son la parcela de poder que regenta como esbirra del régimen. Lo absurdo e irrespetuoso de esta situación es que la comunicación llega después de que la Ley de Referendo fue aprobada en primera discusión. Se evidencia exageradamente que los amos del Cartel le llamaron la atención a su empleada electoral y lanzó esa jugada de auto legislación para frenar la iniciativa de la mayoría legítima, la voz del pueblo, en el más reciente evento electoral de nuestro país.
Sin perder tiempo, la Asamblea Nacional, tras dos semanas de intenso debate y enfrentando al régimen, el pasado miércoles, aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica de Referendos la cual fue remitida a la Comisión Permanente de Política Interior, a fin de incorporar las modificaciones aprobadas en plenaria y redactar el Informe definitivo que será leído en la próxima sesión en la que sin debate, debe ser sancionado el texto legal definitivo.
Entre las novedades que recoge la Ley está la obligación del CNE de garantizar el derecho de participación de los electores y electoras inscritos en el Registro Electoral que residan o se encuentren bajo cualquier situación o estatus migratorio fuera del territorio nacional. Sin embargo, los procesos refrendarios deben tener la majestad jurídica que implica el ejercicio del poder originario, pues es a través de este mecanismo que el pueblo es consultado de manera directa sobre determinados asuntos de interés nacional. El derecho político de participación protagónica y directa en los asuntos públicos es constitucional y su regulación sólo puede hacerse por normas de rango legal y no a través de mecanismos de tercer nivel que si bien es cierto, en su momento sirvieron para viabilizar un proceso en particular, no puede pretenderse que son limitantes para el ejercicio futuro de los derechos políticos y ciudadanos de los venezolanos. También se prevé que las agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones con fines políticos, organizaciones sociales o comunitarias y comunidades o pueblos indígenas puedan solicitar referéndum y además elimina las trabas que impone el CNE para la activación del referéndum revocatorio.
Es evidente que la Ley es constitucional, legítima y JUSTA, que fomenta el ejercicio supremo de la participación del pueblo en asuntos que son de su interés, ¿entonces bajo qué argumento se pudiera oponer cualquier órgano del Poder Público nacional, estadal o municipal?
Es asombrosa la cara dura de la representante de un poder que está secuestrado por una parcialidad política o mejor dicho por una banda de delincuentes que gobiernan nuestro país. Definitivamente, la pérdida de los valores y el desgaste de la moral colectiva que se vive en mi patria es la peor desgracia que le puede suceder a cualquier nación. Es lamentable que de los 5 rectores electorales, 4 rectoras actúen por interés político, dinero, droga o sentimientos personales. ¿Por qué no objetaron en 2009 la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada por una AN controlada por el chavismo, cuya iniciativa no fue del CNE? ¡Por el servilismo al narco-estado y el poder de las drogas!
Tengo esperanza de que por primera vez en mucho tiempo se ilumine el vitral del Tribunal Suprema de Justicia y que la sala Prostitucional, reconozca la supremacía del pueblo soberano y no ose declarar la inconstitucionalidad de esta Ley pues no tengo lugar a dudas que un desacierto tan grave como ese profundizaría la anarquía ya existente en el país con resultados lamentables como el plomo y calle.
Este régimen está sitiado y salvo que quiera llamar a la confrontación y ver las calles teñidas de sangre, sudor y lágrimas, debe promulgar la ley y aceptar la consulta popular con guáramo y gallardía. Si nos llevamos por el C.N.E y su actual reglamento jamás se podrá desalojar a estos malandros del gobierno porque ellos hablan de pueblo pero los únicos intereses que defienden son los suyos propios. Por eso la Ley Orgánica de Referendos es fundamental, de vida o muerte para la democracia de mi país. Una vez aprobada, estoy seguro que Maduro y su banda de delincuentes no duraría más 4 meses en sus cargos.
Confiado en el poder y la valentía de mi pueblo, el fin de la pesadilla está por llegar. Mientras tanto sigo aqui, dando la pelea con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.
José Gregorio Briceño Torrealba
“El Gato” Briceño.
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