En Venezuela, desde que la plaga narcorevolucionaria apareció, la libertad dejó de ser un derecho y se convirtió en una mercancía. Se arrebata, se compra, se negocia, se usa como ficha de cambio en mesas diplomáticas y se otorga o se niega según la conveniencia del momento. Cuando un Estado encierra a su gente no por lo que hizo, sino por lo que piensa, por lo que dijo o simplemente por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, ese Estado dejó de ser un gobierno y se convirtió en un aparato de persecución disfrazado de legalidad que condena sin pruebas y absuelve según lo que le ordene el verdugo mayor. Venezuela lo ha vivido durante décadas y lo sigue viviendo hoy, aunque últimamente intenten limpiar las miles de escenas del crimen hay muchísimos testigos que servirán para que más temprano que tarde sean juzgados. Esa realidad no desaparece por decreto ni se resuelve con excarcelaciones selectivas, mientras quede un solo inocente detrás de las rejas. Durante años, llenar los calabozos de opositores, activistas, militares disidentes y ciudadanos comunes fue la herramienta más barata y más efectiva para silenciar, intimidar, crear el mayor éxodo jamás visto y controlar hasta al mas humilde vecino. No necesitaron gastar en argumentos ni en pruebas: basta con la acusación de terrorismo, traición a la patria o conspiración para que cualquier venezolano desaparezca del mapa durante meses o años sin que nadie pueda hacer nada. Nada de este nivel de terror es accidental ni improvisado, todo ha sido sistemático, calculado y diseñado para que nadie se sienta a salvo, ni el adolescente que comenta genuinamente su malestar con el gobierno entre sus amigos. Cuando el régimen golpea puertas, anunciando que la operación perversa concebida y puesta en marcha por la peor bazofia del séquito del traidor mayor, hoy felizmente difunto: operación TUN TUN en la madrugada, cuando los funcionarios llegan encapuchados sin identificación, cuando una persona es detenida y su familia tarda semanas en saber dónde estaba, el mensaje no es solo para el detenido, es para todos los que lo conocen, para los vecinos que miran desde la ventana y para cualquiera que esté pensando en hablar, organizarse o simplemente preguntar. Sembrar el miedo es más efectivo que sacar el ejército a las calles. Fueron perfeccionando la perversión y llegó a su máxima expresión cuando el régimen decidió tener nuevas fichas de trueque, entonces los extranjeros encarcelados en Venezuela se convirtieron en moneda de cambio diplomática. El caso más escandaloso e ilustrativo fue el de los narcosobrinos: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos casi hijos de Cilia Flores, capturados en 2015 por la DEA en Haití con 800 kilos de cocaína y declarados culpables en Nueva York de conspirar para traficar droga hacia Estados Unidos. ¿Qué hizo el régimen? Agarró a siete ciudadanos estadounidenses en Venezuela, los encerró y los usó como fichas de trueque. En octubre de 2022, Washington liberó a los narcosobrinos a cambio de esos siete americanos, allá deben estar de nuevo en su rol de mulas VIP del negocio familiar, pura diplomacia de la mala. El mismo manual se usó con Alex Saab, el testaferro colombiano de Maduro, extraditado a Estados Unidos, a quien el régimen llamó "diplomático secuestrado" mientras el mundo entero veía los registros de sus cuentas en paraísos fiscales. Venezuela encerró a más de diez ciudadanos americanos para negociar su liberación y finalmente logró el intercambio. La flamante política exterior del narcochavismo durante años.Y aunque les suene repetitivo, mi empeño por escribir la historia me dice que es necesario
repetir, entre los casos más emblemáticos que ilustran esta realidad a nivel nacional está el
de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en diciembre de 2009 después de que Hugo
Chávez pidió en cadena nacional que la condenaran a 30 años de cárcel, la pena máxima
en Venezuela. Su delito fue aplicar la ley: otorgó libertad condicional al banquero Eligio
Cedeño, cuya detención había sido calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas. Por cumplir con su deber como jueza independiente, Afiuni pagó con
cárcel, arresto domiciliario, violaciones, un aborto forzado y más de 16 años de calvario
judicial. Su caso partió en dos la historia de la independencia judicial en Venezuela y se
convirtió en el símbolo más doloroso de lo que le hace un régimen sin escrúpulos a quien se
atreve a tener autonomía en sus decisiones con honestidad. Finalmente, el pasado 7 de
agosto de 2026, obtuvo su libertad plena después de que el caso que nunca debió existir,
fue cerrado definitivamente. En resumen, solo tenemos estadísticas confiables desde 2014
cuando esta ONG conformada por un grupo de abogados y denominada Foro Penal, asume
la ardua y heroica tarea de cuantificar, calificar y atender a quienes han sido detenidos
arbitrariamente por causas políticas. Y es aberrante ver que en 12 años se han hecho por
parte de la dictadura 19.210 detenciones de este tipo. De ellos, más de 14000 casos han
sido mayormente excarcelaciones, otra herramienta para mantener a todos con miedo.
Necesito insistir ya que me toca de muy cerca, en un caso que los monaguenses conocen,
que nos duele de manera particular y que tiene además un ingrediente adicional de
perversidad política, es la llamada Causa 2020. Todo comenzó con un mensaje que le llegó
al teléfono de Luis Villarroel en abril de 2020 que decía "Vamos a ir por Dios", en alusión
supuesta a Diosdado Cabello. Eso fue suficiente para que se desencadenara un viacrucis
que terminó con la detención arbitraria de César Belfort, Enrique Parada, Francisco
Marcano, Daniel Aguilera, Víctor Farías, Carlos Pérez y Ramón Cruz, personas que según
todas las denuncias ni siquiera se conocían entre sí al momento de ser arrestadas.
Lo que el régimen no dijo nunca, pero que en Monagas todos saben, es que detrás de esta
causa había un objetivo político adicional y personal: señalarme a mí, como autor intelectual
y cerebro de un supuesto complot que nunca existió. Era una forma de golpear desde la
distancia al liderazgo que ellos sabían que seguía vivo en el corazón de los monaguenses
aunque yo estuviera en el exilio. Encerrar a gente inocente y colgarme a mí la etiqueta de
conspirador era matar dos pájaros de un tiro: aterrorizar a los míos y tratar de destruir mi
nombre. No lo lograron en ninguno de los dos frentes.
El 26 de mayo de 2026, la jueza Verónica Giardinelli del tribunal segundo de juicio de
Monagas condenó a siete de estos ciudadanos a penas que van de 8 a 26 años de cárcel,
en un proceso que ya sumaba casi seis años de privación arbitraria de libertad, con tres
juicios interrumpidos por falta de evidencia. Uno de los detenidos, Gabriel Medina Díaz,
murió en agosto de 2021 después de contraer tuberculosis en el penal. Su esposa falleció
en diciembre de 2020 entre la angustia y el dolor por la detención de su marido. Estas 2
muertes el régimen no las contabiliza en ninguna estadística pero que pesan sobre las
conciencias de quienes fueron cómplices de este doble asesinato.
Condenas de hasta 26 años y un exgobernador en el exilio convertido en autor intelectual
de un crimen que nunca ocurrió. Eso no es justicia, no está en ningún código penal del
mundo civilizado, es el crimen organizado cobrando una deuda política.
Exigimos libertad inmediata e incondicional para todos los presos de la Causa 2020 en
Monagas y para cada preso político que sigue en las cárceles venezolanas. Porque
mientras haya un solo de los 328 presos políticos venezolanos más 33 extranjeros aúnretenidos sin causa real, la transición seguirá siendo incompleta y la justicia seguirá siendo una promesa sin cumplir. Es impostergable que el tutelaje norteamericano cumpla de una vez por todas y que se castigue al verdugo de la policía política del régimen: Diosdado Cabello Rondón, cuando ellos mismos le han hecho acusaciones formales por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Basta de demoras con esa situación que Venezuela clama .
Acción y progreso por Venezuela!
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