Los infames abanderados del narcochavismo, reyes de la crueldad, han protagonizado en nuestro país y fuera también, no lo dudemos, infinidad de situaciones aberrantes, muchísimas han sido en extremo vergonzosas por su índole violatorio de todo estamento y otras desgarradoras por atentar contra la integridad humana sin miramientos. Una de esas situaciones, que ahora nos deja pasmados es ver a quien convirtió la crueldad en política de Estado, descubrir de repente que los derechos existen, que los tribunales importan y que aplicar las leyes es lo que debe ser, estan pudiendo indulgencias, como quien las merece por sus inmaculada trayectoria. Pero no vayan a pensar usted que lo creen ahora por convicción, ni por evolución moral sino porque ahora lo necesitan. Esa transformación instantánea de verdugo implacable y con saña, a víctima, de quien niega garantías a quien las reclama, no es arrepentimiento ni es coherencia. Es la demostración más perfecta de que no tienen principios y cuando buscan en su escaso o nulo equipaje ético no encuentran cómo justificar su petición, pero como aberrantemente descarados que son, igual intentan obtener los beneficios de la ley, se trata de caer en cuenta de la gran diferencia enorme entre creer la justicia y necesitar la justicia.
Siempre en nuestras plegarias y nuestros escritos invocamos la creencia en la justicia divina y ahora cobra nueva vida cuando uno contempla la extraordinaria y desfachatada pirueta política de Cilia Flores solicitando libertad condicional ante un tribunal de Nueva York. Hay escenas que ningún guionista se atrevería a escribir por considerarlas demasiado inverosímiles. Esta, sin embargo, ocurrió. Resulta sencillamente fascinante ver cómo quienes durante años trataron las libertades civiles como un lujo burgués, el debido proceso como una molestia administrativa y la independencia judicial como una amenaza contrarrevolucionaria descubren, de repente, que los derechos humanos son una cosa estupenda cuando quien los necesita es uno mismo. Y qué magnífica oportunidad para recordar que el famoso imperio tiene algunas costumbres bastante incómodas. Por ejemplo, la de permitir que un acusado tenga abogado, que un juez escuche sus argumentos y que el Estado tenga que justificar sus decisiones. Qué barbaridad. Después de tantos años denunciando las perversiones del sistema estadounidense, resulta que algunas de sus perversiones son sorprendentemente útiles cuando se está sentado frente a un tribunal.
La escena tiene, además, un componente casi pedagógico. Durante años se nos explicó que Venezuela tenía una justicia soberana, independiente y ejemplar. Una justicia tan independiente que casualmente siempre parecía caminar en la misma dirección que el poder político. Tan soberana que los presos políticos podían pasar años encarcelados mientras las órdenes judiciales de libertad adquirían el misterioso destino de tantos documentos incómodos: el archivo de las cosas que nadie pensaba cumplir. Veo estupefacto desde la cárcel del exilio como obran los milagros de la geopolítica, el debido proceso vuelve a ser importante. Conviene detenerse un momento en los nombres de quienes no tuvieron la fortuna de ser protegidos por esa maravillosa doctrina cuando todavía estaban en Venezuela. Emirlendry Benítez fue brutalmente torturada mientras estaba embarazada, perdió a su bebé y quedó en silla de ruedas. Karen Palacios permaneció encarcelada pese a que un tribunal había ordenado su liberación. La jueza María Lourdes Afiuni sufrió el deterioro de su salud mientras estaba presa y tuvo que enfrentar una situación médica extrema. Daniela Figueredo murió con apenas 19 años en circunstancias vinculadas a la actuación de fuerzas estatales.
Ellas no tuvieron el privilegio de descubrir que el Estado debe respetar los derechos de una persona detenida. Para ellas, aparentemente, esa sofisticada teoría jurídica no estaba disponible. Qué mala suerte.
Porque hay derechos que, según parece, funcionan como los paraguas: algunos gobiernos los consideran innecesarios mientras hace sol y los reclaman desesperadamente cuando empieza a llover. Y aquí aparece la parte verdaderamente deliciosa de la historia. Quienes convirtieron la cárcel en instrumento de intimidación política ahora necesitan confiar en un tribunal. Quienes despreciaron durante años las instituciones occidentales necesitan que una institución occidental los proteja. Quienes denunciaron las garantías de las democracias liberales como mecanismos de dominación ahora recurren a ellas para obtener exactamente aquello que negaron a sus adversarios. No deja de ser conmovedor.
Es como si un pirómano, después de incendiar media ciudad, apareciera en la estación de bomberos reclamando que, por favor, le respeten el derecho constitucional a ser protegido del fuego. Y, por supuesto, la democracia debe hacerlo. El Estado de derecho no funciona según el principio infantil de como tú no respetaste mis derechos, yo tampoco respetaré los tuyos. Funciona al revés: protege incluso a quienes no supieron proteger a los demás.
Esa es, quizá, la parte que más debería incomodar. Porque la democracia no es un club exclusivo para personas decentes. No exige certificado de virtud para conceder garantías. No pregunta al acusado si alguna vez defendió los derechos de otros antes de reconocerle los suyos. Y esa generosidad institucional es precisamente lo que hace que un Estado de derecho sea un Estado de derecho. Por eso la ironía resulta tan brutal.
Mientras en Venezuela se perseguía, encarcelaba y silenciaba a adversarios políticos, la retórica oficial hablaba de soberanía, revolución y dignidad nacional. Ahora, cuando el poder cambia de escenario y aparece la posibilidad de una decisión judicial adversa, la palabra garantías adquiere una importancia casi religiosa. Qué maravilla. El derecho internacional, los abogados, los jueces, las garantías procesales y hasta las instituciones del país que durante años fue presentado como el gran enemigo dejan de ser instrumentos del imperialismo y se convierten, convenientemente, en herramientas indispensables para la defensa. La coherencia ideológica, por supuesto, puede esperar.
Después de todo, hay principios que son eternos y otros que dependen de dónde esté sentado el acusado.
Quizá por eso este episodio tenga algo de justicia poética. No porque haya que alegrarse del sufrimiento de nadie, la justicia no debería confundirse con venganza, sino porque existe una lección particularmente incómoda en descubrir que las instituciones que uno despreció pueden terminar siendo las únicas capaces de garantizarle un trato justo. La historia tiene esas pequeñas bromas. Quienes ayer podían decidir quién entraba en una cárcel hoy necesitan convencer a un juez de que alguien debería dejarlos salir.
Quienes ayer hablaban de enemigos de la patria hoy necesitan que un tribunal extranjero respete sus derechos.
Quienes ayer parecían creer que el poder era una propiedad privada hoy descubren que existen jueces que no trabajan para ellos. Y quienes durante años presentaron la democracia estadounidense como una amenaza para Venezuela terminan depositando parte de su esperanza precisamente en las reglas de esa democracia.
Al final, nadie debería pedir para sí una justicia que jamás estuvo dispuesto a conceder a los demás. Aunque, claro, siempre queda la posibilidad de invocar la justicia divina. Esa sí que no necesita permiso de ningún tribunal.
Realmente esta situación tan irónica y a la vez es como un balsamo, afianza mi fe en ver de cerca muy pronto la libertad de mi amada patria
¡Acción y progreso por Venezuela!
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