Es justificado en extremo el nivel de desconfianza que tenemos los vemezolanos, con una dictadura feroz que ha destruido todo indicio de institucionalidad y toda credibilidad en los poderes públicos, y hasta las buenas noticias reales en lugar de alegrarnos, nos asustan. Han horadado nuestro sentimiento de felicidad a ese punto en el que creemos que todo tiene un doble fondo el cual más pronto que tarde nos decepcionará
Es que cuando el que siempre hizo trampa de repente propone jugar limpio, lo primero que uno siente no es alivio sino recelo o tal vez escepticismo. Y no es pesimismo ni mala fe, es memoria de maltrato in crescendo durante casi 3 decadas. Es el instinto de un pueblo que ha visto demasiadas veces cómo un gesto que parecía apertura terminaba siendo un engaño más sofisticado que el anterior. Venezuela está en ascuas, la esperanza es legítima pero la cautela es obligatoria.
En este contexto o realidad del país, la negociación entre el régimen encabezado por Delcy Rodríguez y la Comisión de la legítima Asamblea Nacional de 2015 se anunció al país el pasado miércoles 12 de agosto, un acuerdo para reformular el sistema de justicia y abrir un nuevo proceso de postulación para la renovación total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es inevitable: ¿Será este el fin del control absoluto de la justicia por el chavismo?
Todos debemos apostar, con buena fe pero sin ingenuidad, a que este proceso salga bien. Ya hay una fecha límite: diciembre de este mismo año sabremos si se logró el objetivo o si se fracasó una vez más. Es un plazo corto y debe ser vinculante.
No se puede ignorar el contexto. Tras la presión internacional sostenida, liderada por los Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump, que culminó con la salida forzada del país del narcodictador Nicolás Maduro, señalado por la justicia internacional como jefe de una estructura narcoterrorista, se ha percibido en Venezuela una cierta apertura y una disminución relativa de la represión. Sin embargo, esa apertura es insuficiente y cosmética mientras siga habiendo más de 300 presos políticos en las mazmorras del régimen, empezando por los detenidos arbitrariamente en el estado Monagas y en todo el oriente del país, que deben ser liberados de inmediato y sin condiciones.
El TSJ no ha sido un tribunal, ha sido el brazo ejecutor del régimen, un arma mas para ejercer la tortura, forzar el exilio de los disidentes, destruir familias.
Es indispensable recordar, con objetividad y memoria histórica por qué la renovación del TSJ es la madre de todas las reformas:
1-Fue el verdugo de la voluntad popular. En 2009, la Sala Constitucional validó la enmienda de la reelección indefinida, burlando el rechazo contundente que el pueblo venezolano le había dado a Hugo Chávez en el referéndum de reforma constitucional de 2007.
2- Fue el verdugo del Parlamento. A partir de 2016, despojó sistemáticamente a la Asamblea Nacional electa en 2015 que obtuvo 112 diputados, las dos terceras partes de la cámara y con ello la potestad constitucional para designar al Fiscal General, al Contralor y a los magistrados del TSJ de todas sus atribuciones legislativas y de control, mediante más de 100 sentencias írritas de la Sala Constitucional.
3- Fue el verdugo de la democracia directa. En octubre de 2016, con ponencias de tribunales penales regionales subordinados, anuló el proceso de recolección del 20% para activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, violando el artículo 72 de la Constitución.
4- Fue el verdugo del pluralismo político. A través de la Sala Constitucional y la Sala Electoral, intervino judicialmente a los partidos de oposición, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Copei, entre otros para entregarles sus tarjetas y símbolos a militantes afectos al chavismo, destruyendo la representación legítima.
5- Y cometió el acto más depravado de su historia: el 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral, en una sentencia sin motivación, sin actas y sin peritaje, convalidó el fraude electoral del 28 de julio de 2024, donde según todas las actas verificables y en poder de la ciudadanía, ganó de forma abrumadora Edmundo González Urrutia. Ese día el TSJ dejó de ser un tribunal para convertirse en cómplice de un golpe de Estado electoral.
Mi reflexión mas contundente desde la cárcel del exilio es que de nada sirve designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) si mantenemos un Tribunal Supremo de Justicia controlado por los mismos operadores del narcoregimen. Según la Constitución, todos los actos del Poder Electoral son revisables por la Sala Electoral del TSJ. Un CNE nuevo pero supeditado a un TSJ de malandros es perder el tiempo y mentirle al pueblo venezolano. Sería cambiar la fachada y dejar intactos los cimientos de la dictadura judicial.
Hoy los diputados de la Comisión de de la Asamblea Nacional de 2015 tienen en sus manos, con el acompañamiento y la garantía de los Estados Unidos y la comunidad internacional, el futuro institucional de Venezuela. No se trata de un cheque en blanco. Se trata de exigir un proceso público, transparente, con veeduría internacional, sin magistrados express, sin militantes partidistas, con juristas de probada solvencia moral y académica, tal como lo establecen los artículos 264, 265 y 270 de la Constitución.
Démosle un voto de confianza vigilante hasta diciembr, basado mas en el monitoreo y la orden de los Estados Unidos que en la buena fe de los farsantes del chavismo, herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, Que la fe en Dios los ilumine y los guíe pero que sea la presión ciudadana, la verdad y la Constitución lo que los obligue a actuar correctamente. Venezuela no aguanta otro TSJ de rodillas ante Miraflores.
¡Acción y progreso por Venezuela!
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