Una muy mala práctica en política desde que el mundo es mundo es, que cuando un adversario no tiene liderazgo real, con credibilidad firme y credenciales de gestión, basa su oferta electoral desacreditando al resto de los contrincantes o en su defecto al que lleva la delantera, en lugar de hacer lo que si lo llevará a tener seguidores de carne y hueso; trabajar por construir su propio liderazgo con muchos hechos y poca demagogia.
Desde el pasado 3 de enero, cuando extrajeron al ilegítimo Nicolás Maduro, la militancia del partido regional MIGATO, ese grueso de gente que mantuvo el sentimiento regional a flor de piel durante estos últimos 14 años, me contactó para reactivar dicha organización. En el año 2012, por orden de Hugo Chávez, el Consejo Nacional Electoral eliminó a MIGATO sin emitir ninguna resolución. Increíble pero cierto: se convirtió en el primer partido político de Venezuela eliminado en la época de Chávez, así de grande era el miedo. Ya para mayo de este año teníamos las directivas en los 13 municipios y 44 parroquias del estado. Eso generó un nerviosismo tal en el gobernador Ernesto Luna (PSUV) que inmediatamente activó los laboratorios de guerra sucia, utilizando a un periodista llamado Jacinto Ramírez Noriega, quien fue presidente del Consejo Municipal de Maturín en la década de los 80 del siglo pasado. Ese señor desfalcó dicho Consejo, fue sentenciado por honorables jueces de la época, estuvo prófugo en Trinidad y cuando regresó a Maturín, lo detuvieron y pagó condena en la cárcel de La Pica por 4 años. Llegó a afirmar públicamente que nunca había estado preso y cuando lo desenmascaramos, optó por el silencio. Un silencio que, ironías de la vida, es el mismo que ahora guardan quienes lo utilizan como vocero de una supuesta moral pública. El caso de Caicara y la causa 20/20 del supuesto secuestro contra Diosdado Cabello se entrelazan en pocos días de diferencia, en plena pandemia, cuando nadie podía circular. Es una película de terror que no se la creen ni ellos mismos. ¿Quién monta esta dantesca película? El fiscal superior del estado Monagas para el año 2017 era Jorge Luis Arzolay Tesamo, cuyo padre, el profesor Cosme Arzolay, ya era jefe del PSUV en Monagas. Desde 2017, Jorge Luis Arzolay Tesamo tiene el control férreo de la fiscalía, desde 2022 es presidente del Circuito Judicial Penal del estado y en 2023 asumió también como juez rector. Su papá es secretario de gobierno, o sea, el segundo después del gobernador desde año 2021 y su hijo es el jefe de todos los jueces del estado. Ninguna fiscalía puede sacar una decisión sin su visto bueno. O sea, es más que un emperador. Es el dueño del circo, del payaso y de la función completa. El 8 de abril de 2020 me inventan una causa, EXP KP01-S-2003-013505, en el Juzgado Tercero de Control de Barquisimeto, por los delitos de “célula terrorista Facebook con gente de Perú y Costa Rica, atentado contra Maduro y Diosdado Cabello”. Luego la acumulan a la famosa causa 2020, aperturada el 22 de abril de 2020, o sea, 14 días después. EXP: P-2020-001140, Juzgado Cuarto en Función de Control del estado Monagas, por los delitos de traición a la patria, organización de cuerpos armados y asociación para delinquir para matar a Diosdado Cabello. Es de suma importancia la secuencia de las fechas. Porque si algo caracteriza a esta “justicia”, es su puntualidad para inventar delitos y su lentitud para probarlos.
En la primera quincena del año 2009 se suscitaron unos hechos en la población de Caicara, donde asesinaron a dos personas. Al día siguiente me enteré, porque me llamó el director de la Policía y de inmediato ordené que se pusiera el caso a la orden de la Fiscalía (la grabación de dicha llamada está en el expediente). Yo acababa de ser reelecto como el gobernador más votado porcentualmente en todo el país. Me llamó el director del CICPC para informarme que se trasladaría una comisión especial nacional a Maturín a investigar los asesinatos y dicha comisión tuvo todo el apoyo y la colaboración de mi gobierno. En pocos días esa comisión ya había cerrado el caso policialmente, hallando como responsables al director y a varios funcionarios de la Policía. En menos de un mes se designó un fiscal con competencia nacional y luego se trasladó o se radicó el expediente al estado Carabobo para impedir cualquier tipo de influencias. Es importante destacar que la titular del tribunal de Carabobo era sobrina del diputado Pedro Carreño y Carreño es un incondicional de Diosdado Cabello. Tres años después, en el año 2012, condenaron a los culpables a 15 años. Apelaron ante la Corte de Apelaciones y la sentencia fue ratificada en 2014. Ahora yo me pregunto: si se trasladó una comisión especial del CICPC desde Caracas, se designó un fiscal con competencia nacional, se trasladó el expediente a otro estado, quedó en manos de una sobrina de Pedro Carreño, se dictó sentencia en 2012 y se ratificó en 2014, ¿cómo es posible que en ninguna de esas cuatro instancias, policial, fiscal, judicial y de apelación, se haya encontrado un solo elemento o indicio en mi contra? Eso no es casualidad ni negligencia: es la prueba más contundente de mi inocencia. O, visto con el cinismo de quienes hoy me acusan, es la prueba de que en 2009, 2012 y 2014 todos eran unos incompetentes y solo en 2020, en plena pandemia y con el país en cuarentena, apareció la clarividencia judicial. Qué oportuna iluminación.
En febrero de 2012, tres años después de esos hechos, me enfrenté a Chávez por el derrame petrolero de Jusepín. Si yo hubiera tenido rabo de paja, o existiera algún elemento que me incriminara, ¿no me hubieran metido preso en ese momento, cuando el poder de Chávez era absoluto y yo su adversario directo? Sufrí un atentado y les resistí durante 11 meses, como resisten los hombres con convicción y coraje. No salí corriendo ni huyendo: me quedé hasta el 16 de diciembre de ese mismo año, cuando fui a ejercer mi derecho al voto en mi pueblo de Caicara. Ahora bien, lo insólito, lo increíble, lo que no encuentra parangón en la justicia universal, es que en abril de 2020, en plena pandemia, trece años después de los hechos, reabrieron el expediente y aparecieron unos “testigos protegidos” que resultaron ser dos hermanos de la víctima, un vecino y el abogado William Núñez, dirigente del PSUV. Esa es la “justicia” con expedientes burdos: sin pruebas, sin evidencias, sin metodología científica, armaron un expediente con solo relatos y chismes, sin una sola grabación ni un elemento real que me incrimine. Trece años de silencio judicial no se rompen por hallazgo de nueva prueba: se rompen por orden política, cuando el perseguido empieza a asomarse otra vez como el liderazgo que Monagas no ha vuelto a tener. A ese tribunal fabricado en 2020 lo desafío públicamente: que se publique cada pieza de ese expediente, que se muestre una sola grabación, un solo peritaje, una sola evidencia científica que no sea el chisme y un vecino convenientemente aparecido trece años después. Si no la tienen, y no la tienen, porque no existe, que el país entero sepa que se trata de una persecución política ordenada, no de un proceso de justicia. Lo insólito es que utilizaron a dos hermanos de la víctima para introducir un escrito recientemente en la fiscalía y agilizar el caso, si ya dichos hermanos son dos testigos protegidos en la reapertura del expediente del año 2020. O sea, juegan y se burlan con la ignorancia de los familiares tan cínicamente. Porque en este teatro judicial, los únicos que no tienen libreto son las víctimas.
Las últimas encuestas me dan una ventaja de 30 puntos sobre el gobernador Luna y en casi 14 años de mi ausencia en Monagas no ha surgido un nuevo liderazgo en el estado. Esa es la verdadera razón de la campaña sucia: no se combate con mentiras a quien no representa una amenaza real, se combate a quien, aun ausente, sigue siendo la primera opción del pueblo. Si no fuera así, no necesitarían inventar testigos trece años después, ni resucitar expedientes en plena pandemia, ni utilizar a un desfalcador condenado como vocero de la decencia. Desde la cárcel del exilio veo que la desesperación los lleva locos y ya ni disimulan.
Pronto estaré en mi amada patria para dar lo mejor de mí en la reconstrucción de la patria. Hay algunos dándose golpes de pecho diciendo que no es el momento de hablar de elecciones regionales, cuando todos sabemos que en este país lo que le hace falta es un reseteo total, pero lo hipócrita es que ellos mismos están haciendo ya su propia campaña electoral.
Lo cierto y real es que la organización, crecimiento y despliegue de MIGATO va viento en popa. Duelale a quien le duela.
Acción y progreso por Venezuela!
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