Nadie sabe mejor qué le duele a un barrio que quien camina sus calles. Y nadie siente más la pena y la presión de quedar mal que quien al día siguiente se ve cara a cara con sus vecinos en la esquina. Cuando el que decide queda lejos del que aguanta las consecuencias, se hace un daño mas allá de quitarle un presupuesto: la confianza entre el que gobierna y el pueblo. Y un poder al que nadie le puede ver la cara se va acomodando detrás de su escritorio, deja de dar explicaciones y se hace el sordo, esperando migajas de quien secuestró los recursos de cada región.
Cuando Hugo Chávez llegó al poder, comenzó progresivamente el desmantelamiento del Estado federal y descentralizado consagrado en la Constitución venezolana. No fue una simple modificación administrativa ni un cambio de orientación política: fue una estrategia de concentración del poder que debilitó a las gobernaciones, asfixió económicamente a las alcaldías y destruyó buena parte de la autonomía de los estados y municipios. Sus consecuencias fueron devastadoras para el desarrollo regional, la prestación de los servicios públicos y la calidad de vida de millones de venezolanos. Uno de los primeros pasos de ese proceso fue modificar los mecanismos de financiamiento de los gobiernos regionales y municipales, particularmente la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). Se redujeron progresivamente los recursos que correspondían a estas instancias y posteriormente, ambos mecanismos fueron eliminados. De esta manera, se les arrebató a gobernadores y alcaldes una parte fundamental de sus fuentes de financiamiento, adicionales al situado constitucional, limitando considerablemente su capacidad para ejecutar obras, desarrollar infraestructura, atender las necesidades de sus comunidades y promover el crecimiento económico local. Aquellos mecanismos no eran simples transferencias de dinero. Representaban instrumentos para estimular la eficiencia, la responsabilidad administrativa y la capacidad de gestión. Un gobernador o alcalde que administraba correctamente sus recursos, ejecutaba obras, resolvía problemas y mejoraba las condiciones de vida de sus ciudadanos podía demostrar resultados concretos. La gestión pública se convertía así en una carta de presentación ante el electorado. Los buenos gerentes tenían posibilidades de ser reelegidos y proyectarse hacia responsabilidades nacionales. De esa experiencia surgieron importantes liderazgos políticos, incluso aspirantes a la Presidencia de la República. Y allí estaba precisamente uno de los grandes problemas para el proyecto político de Chávez: la posibilidad de que surgieran liderazgos regionales exitosos, independientes y con legitimidad propia. Un gobernador o alcalde que resolviera los problemas de su estado o municipio podía convertirse en una referencia nacional sin necesidad de depender del poder central. Esa autonomía política y administrativa era incompatible con un modelo que pretendía subordinar todas las instituciones y todos los liderazgos a la figura presidencial. El chavismo no quería gobernadores con autonomía, alcaldes con capacidad de decisión ni dirigentes regionales que pudieran demostrar que existían otras maneras de gobernar. Quería administradores subordinados, dependientes de las decisiones y de los recursos distribuidos discrecionalmente desde Caracas. Por eso, la descentralización dejó de ser considerada una conquista democrática y comenzó a ser tratada como un obstáculo para la concentración del poder. A esta política se sumó la creación de estructuras paralelas de organización territorial y supuesta participación popular, muchas veces utilizadas para debilitar las competencias de las autoridades legítimamente electas. Se presentó como una gran conquista democrática la elección de proyectos comunitarios y la transferencia del poder al pueblo. Sin embargo, en innumerables ocasiones, esas consultas terminaron convirtiéndose en mecanismos de propaganda política, frustración colectiva y manipulación de las expectativas de las comunidades. ¿Qué sentido tenía obligar a los ciudadanos a participar en múltiples elecciones de proyectos si después no llegaban los recursos, no se ejecutaban las obras o se entregaban trabajos de pésima calidad? ¿Dónde quedaba el respeto a la voluntad popular cuando una comunidad escogía democráticamente una solución para sus problemas y el propio Estado incumplía su compromiso? Hay miles de ejemplos en Venezuela. Uno particularmente ilustrativo ocurrió con la reparación del hospital de Caicara de Maturín, cuya rehabilitación fue seleccionada por la comunidad en tres consultas. Finalmente, cuando llegaron los recursos, la reparación se ejecutó de manera deficiente. Este caso refleja una contradicción monumental: se invoca al pueblo, se le convoca a votar, se le hace creer que decide, pero no se le garantiza que su voluntad se traduzca en resultados concretos. La participación popular no consiste en convocar elecciones interminables para escoger proyectos que después no se cumplen. La verdadera participación consiste en tener poder de decisión, recursos disponibles, instituciones responsables y mecanismos efectivos para exigir resultados. El pueblo no necesita ser utilizado como instrumento de propaganda, necesita soluciones, servicios públicos dignos y autoridades que respondan por sus actuaciones. Otro aspecto fundamental que se debe reivindicar es que los gobernadores y alcaldes disponían de contralorías propias, además de estar sometidos al control de la Contraloría General de la República y de los demás mecanismos legales de fiscalización. Existían responsabilidades administrativas, políticas y jurídicas. La descentralización no significaba ausencia de controles ni impunidad. Por el contrario, permitía que la ciudadanía tuviera autoridades más cercanas a las cuales reclamarles y exigirles cuentas. La gran ventaja de un Estado descentralizado es que distribuye el poder, acerca las decisiones a los ciudadanos y permite identificar con mayor facilidad a los responsables de una buena o mala gestión. Cuando un hospital no funciona, una carretera está destruida, el servicio de agua falla o una escuela se encuentra en condiciones deplorables, los ciudadanos pueden exigir respuestas a sus autoridades regionales y municipales. La descentralización hace que el poder sea más visible, más controlable y más susceptible de rendir cuentas. En cambio, cuando se concentra el poder político y financiero en el Gobierno nacional, las autoridades locales terminan convirtiéndose en intermediarios sin recursos suficientes para resolver los problemas de sus comunidades. Se destruye la responsabilidad institucional, se diluyen las competencias y se genera una dependencia que termina perjudicando directamente al ciudadano. El resultado de este modelo ha sido una profunda decadencia económica, institucional y social en buena parte del territorio venezolano. Estados y municipios que alguna vez tuvieron actividad comercial, producción agropecuaria, industrias, infraestructura y oportunidades de empleo fueron perdiendo progresivamente sus capacidades de desarrollo. Muchos pueblos terminaron convertidos en escenarios de abandono: comercios cerrados, hospitales deteriorados, escuelas en ruinas, servicios públicos colapsados y familias sin perspectivas de futuro. A esta destrucción institucional y económica se sumaron otros factores determinantes, entre ellos las expropiaciones, confiscaciones, controles económicos, persecución a la iniciativa privada y destrucción del aparato productivo. No se puede explicar la tragedia venezolana por una sola causa, pero tampoco se puede ignorar que la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones regionales contribuyeron decisivamente a agravarla. La consecuencia más dolorosa ha sido la destrucción de oportunidades y la separación de millones de familias. Cerca de diez millones de venezolanos han abandonado el país, según las estimaciones internacionales más ampliamente difundidas sobre el éxodo venezolano. Detrás de esa cifra hay profesionales, trabajadores, comerciantes, productores, jóvenes y familias enteras que se vieron obligados a buscar en otras naciones las oportunidades que su propia tierra dejó de ofrecerles. No estamos hablando solamente de cifras económicas. Estamos hablando de pueblos que perdieron su dinamismo, de familias que tuvieron que separarse, de generaciones de jóvenes que crecieron sin oportunidades y de comunidades que vieron desaparecer sus esperanzas de progreso. La reconstrucción de Venezuela exige recuperar y profundizar el Estado federal y descentralizado. No podemos reconstruir una nación moderna con el mismo modelo centralista que contribuyó a destruir sus capacidades productivas e institucionales. Necesitamos devolverles a los estados y municipios competencias reales, recursos suficientes, autonomía administrativa y capacidad de decisión. Las experiencias de países europeos y de Norteamérica ofrecen importantes referencias sobre la distribución territorial del poder, la autonomía de los gobiernos subnacionales y la responsabilidad fiscal. No se trata de copiar mecánicamente modelos extranjeros, sino de comprender una lección fundamental: los países prosperan cuando distribuyen inteligentemente el poder, fortalecen sus instituciones y permiten que cada región desarrolle sus capacidades y potencialidades.Venezuela tiene condiciones extraordinarias para lograrlo. Cada estado posee características geográficas, económicas, agrícolas, industriales, turísticas y culturales que deben convertirse en motores de desarrollo. No tiene sentido que todas las decisiones tengan que tomarse desde Caracas. El desarrollo nacional comienza por el desarrollo de sus regiones y las regiones prosperan cuando cuentan con instituciones fuertes y recursos para atender sus propias necesidades. Desde el Partido Migato estamos trabajando en propuestas legislativas concretas para presentarla en la futura Asamblea Nacional. Nuestro propósito es impulsar una profunda reforma del sistema de descentralización, recuperar la autonomía financiera y administrativa de gobernaciones y alcaldías, garantizar mecanismos transparentes de asignación de recursos y fortalecer las competencias de los gobiernos regionales y municipales. Queremos que los estados y municipios vuelvan a ser protagonistas de su propio desarrollo. Que los gobernadores y alcaldes tengan recursos para trabajar, pero también la obligación de rendir cuentas. Que las comunidades participen de verdad, que sus decisiones se respeten y que cada bolívar invertido se traduzca en obras y servicios de calidad. No podemos seguir confundiendo concentración del poder con fortaleza del Estado, ni obediencia política con buena administración. Un Estado fuerte no es aquel que lo controla todo desde el centro, sino aquel que tiene instituciones sólidas en todo su territorio, respeta la autonomía de sus ciudadanos y garantiza que cada nivel de gobierno cumpla sus responsabilidades. Señores, desde la carcel del exilio les invito a entender que la descentralización no es una concesión política ni un privilegio de los gobernantes regionales, es un derecho de los ciudadanos y una condición indispensable para recuperar la democracia, reconstruir la economía y devolverle la prosperidad a nuestros pueblos.
¡Nunca más un país sometido al centralismo, nunca más pueblos condenados al abandono y nunca más ciudadanos utilizados como instrumentos de propaganda política! La nueva Venezuela debe construirse desde sus estados y municipios, con autonomía, democracia, responsabilidad y progreso.
¡Acción y progreso por Venezuela!
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